El hombre de la nariz aguileña no luce uniforme, apenas mangas de camisa. Fija la vista a través de sus anteojos bifocales, acomoda la montura de metal y suelta la frase, casi con desdén:
- Mientras yo fui jefe de la policía de la provincia desaparecieron unas 5.000 personas.
Hace una pausa en la que se condensa un silencio frágil. Pero no se amilana. Finalmente completa:
- A algunas de ellas yo les di sepultura en tumbas N.N.
Quien oía aquella confesión desaforada era Santiago Aroca, un corresponsal español de la revista Tiempo. Su interlocutor, nada menos que el ex jefe de la policía de Buenos Aires: el general Ramón Camps.
Corría 1983, en Argentina aún reinaba el terror de Estado, pero las elecciones de octubre estaban cerca. Un 19 de enero de 1984, abierto el proceso de juzgamiento a las cúpulas militares y policiales, aquella célebre entrevista llevó a Camps a la cárcel.
El “carnicero de Buenos Aires” -como lo apodó Aroca en ese reportaje- fue condenado en 1986 a 25 años de reclusión con degradación por 73 casos de tormentos seguidos de asesinatos, pero indultado el 30 de diciembre de 1990. Murió en 1994. Una década después el Congreso anuló las leyes de impunidad, y tras siete años de larga instrucción en el juzgado federal 3 de La Plata, una porción significativa de sus matones uniformados –un ex ministro, nueve comisarios, dos sargentos, cuatro oficiales, dos suboficiales, dos cabos, un agente y el médico Jorge Bergés- fueron condenados, la mayoría a prisión perpetua.
En ese juicio histórico, se comprobó que 280 personas circularon por más de 21 centros clandestinos de detención en manos de los policías. Todos pasaron por las mesas de tortura, y muchos fueron asesinados y desaparecidos. Otros sobrevivieron para contarlo.
Jorge Julio López fue uno de ellos.
